La legalización del consumo de cannabis con fines no médicos conduce a un mayor consumo, genera más problemas de salud y no reduce la actividad delictiva, según afirma la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)  en su último informe correspondiente al año 2022. El organismo fue creado en 1968; lo integran trece miembros elegidos por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

El extenso documento analiza la tendencia a la legalización del consumo de cannabis para fines no médicos, contituyéndose en la droga ilícita más usada en el mundo. Las cifras son elocuentes: en 2020, el 4% de la población mundial (209 millones de personas) utilizaban la droga con mayor o menor frecuencia. La tendencia crece.

La JIFE advierte que hay gobiernos que albergan dudas sobre si la cannabis debería seguir siendo clasificada como una sustancia nociva, y si las medidas de fiscalización prescritas en los tratados internacionales mantienen o no su vigencia.

En las conclusiones dedicadas al cannabis (capítulo 1), el organismo de las Naciones Unidas informa:

«…Hasta la fecha, la legalización no ha logrado abordar los problemas más apremiantes, como el aumento de las tasas de consumo, la criminalización de las personas que usan drogas, el creciente mercado ilícito y la expansión organizada del delito. 

»En las jurisdicciones que han legalizado el cannabis, el consumo sigue siendo mayor que en aquellas jurisdicciones que no lo han hecho. La prevalencia parece aumentar más rápidamente que en comunidades no legalizadas, con notable afectación de la salud y consecuencias sociales. La legalización no ha logrado disuadir a los jóvenes de consumir cannabis. 

»Los mercados ilícitos en parte se han reducido, pero aún sobreviven y florecen en algunos países. El crimen organizado ha sido parcialmente reemplazado por una industria de cannabis legal en expansión cuyo objetivo es hacer utilidades por aumento de ventas. 

»En términos generales, se puede afirmar que las jurisdicciones legalizadoras no alcanzaron los objetivos que persiguieron con sus decisiones de legalización.

»En todos los Estados, incluidos los que han legalizado el uso no médico del cannabis, los gobiernos deberían apoyar medidas para informar a sus poblaciones respecto a los daños asociados con el consumo de drogas y para abordar la disminución de las percepciones del daño resultante del uso de cannabis, mediante campañas de sensibilización y programas de prevención, incluidos en la educación pública.

»La legalización plantea preocupaciones con respecto a la salud, en particular cuando se anuncian productos de cannabis de manera atractiva para niños o jóvenes. La potencia de esos productos, como concentrados y comestibles, también plantea problemas de salud pública.

»En algunas jurisdicciones, los [organismos] reguladores parecen favorecer modelos comerciales minoristas que generan importantes ingresos fiscales al mismo tiempo que prestan atención insuficiente a los impactos en la salud pública. 

»En ocasiones, la comercialización de la producción y la venta de cannabis están reguladas de tal manera que crean incentivos de mercado que impulsan niveles más altos de consumo.

»Deben controlarse cuidadosamente las consecuencias a corto y largo plazo de la legalización mediante la recopilación de datos sobre su impacto en la salud pública.

»La creciente tendencia a permitir el consumo de cannabis para fines no médicos ni científicos constituye un desafío importante para la comunidad internacional, y en particular para los Estados firmantes de los tratados internacionales de fiscalización de drogas».

No obstante, según estimaciones del organismo, el efecto más importante de la legalización es la probabilidad de que aumente su consumo, especialmente en la juventud. Para abordar su presunción cita como ejemplo a Estados Unidos, país donde hasta el 2022 19 estados aprobaron el consumo no médico de la cannabis. Allí, el consumo en las personas de 12 años o más se elevó del 16,5% al 24,5%.

Uno de los casos mencionados por la JIFE  corresponde al Estado de Colorado, donde el inicio de la venta legal de marihuana para fines no médicos se inició en 2014. Las consecuencias se evidenciaron en diversas manisfestaciones:
el estado aumentó el número de llamadas por intoxicaciones con cannabis: en 2013 se registraron 125, mientras que en 2020 318;
tras la apertura del mercado al por menor, las consultas en servicios de urgencia relacionadas con el consumo aumentaron un 56% entre 2016 y 2019;
los accidentes de tráfico mortales registrados en 2020 en Colorado demostraron que “el porcentaje de conductores que estaban bajo los efectos de la cannabis era casi el doble que el porcentaje de 2013”.

El informe de la JIFE también aborda las razones que esgrimen algunos gobiernos para legalizar el consumo no  médico. Algunos de ellos son que les permitiría establecer requisitos estrictos de calidad en los productos, lo que les permitiría proteger mejor la salud pública. Otros sostienen que les facilitaría la creación de medidas de prevención, porque a los consumidores les resultaría más sencillo hablar de los problemas relacionados. Sin embargo, el principal sería reducir las actividades delictivas, la delincuencia y las violencias conexas. 
Según los datos disponibles, en los mercados ilegales se han reducido pero “pervivieron en todas las jurisdicciones”, aunque en distinto grado. En detalle, representan alrededor del 40% de la relevadas en Canadá, hasta casi el 50% en Uruguay y el 75% en California. ¿Las razones? Precios más bajos, mayor variedad, productos de mayor potencia, llegada a menores de edad y elevada actividad en internet.

 Aparte del documento anual, el organismo también entregó un informe sobre precursores, entendidas como “las sustancias químicas que se desvían de su curso legal y se utilizan para la elaboración de distintos tipos de drogas”.
Sobre este punto destaca que en América del Sur las organizaciones brasileñas y peruanas han ampliado su influencia y diversificado sus actividades.
Ecuador notificó un aumento de violencia, al erigirse como un “centro de almacenamiento y distribución”, dentro de las rutas de cocaína.
El cultivo y producción de esta ha alcanzado cifras sin precedentes en Colombia.

La JIFE finaliza su documento con una serie de recomendaciones, entre ellas se destacan:
* estudiar con mayor profunidad los efectos del consumo de cannabis antes de adoptar decisiones a largo plazo; * adoptar medidas para garantizar el acceso adecuado a medicamentos controlados;
* prestarle mayor atención al problema del uso indebido de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes;
* refuerzo de los estados a su cooperación en la lucha internacional contra el tráfico de drogas.


1- JIFE
Report 2022
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2022/Annual_Report/E_INCB_2022_1_eng.pdf